Respalda Enrique Vargas Ley contra la Extorsión para sancionar hasta con 42 años de prisión este delito

Ciudad de México.- El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, votó a favor de la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, así como de realizar reformas al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la intención homologar las conductas, sanciones y protocolos para investigar y sancionar este ilícito con hasta 42 años de prisión.

Tras llevarse a cabo la votación de esta reforma con 110 votos a favor, el también secretario de la Comisión de Seguridad Pública, Enrique Vargas, celebró la aprobación de esta iniciativa, toda vez que representa un paso firme para el combate integral de este delito que es el tercero más cometido en el país y en el que desafortunadamente hay impunidad en 97 por ciento de los casos.

Apuntó que el propósito de esta iniciativa también es cerrar los vacíos legales que existían en la legislación actual, los cuales eran usados por los delincuentes para seguir cometiendo estas prácticas que lastiman la paz y el patrimonio de las familias.

El senador por el Estado de México señaló que esta nueva ley, entre los cambios que asegura, es homologar los criterios y procedimientos penales para que se sancionen penalmente por igual, sin importar la entidad federativa en la que se juzgue.

En este sentido, con la nueva ley aprobada se aumentan las penas mínimas en un rango de 15 a 25 años, sin que los delincuentes puedan aprovechar la retroactividad para su beneficio; se establece que los recursos obtenidos por la extinción de dominio derivado del delito de extorsión, sean aplicados a la restitución de los derechos de las víctimas.

Además, se estipuló que aquellas personas que, sin autorización, introduzcan algún dispositivo electrónico o componente que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia satelital, Internet o tecnología análoga, a un centro penitenciario, reciban una pena de seis a 12 años de prisión, entre otros.