OPOSICIÓN ACUSA AL GOBIERNO DE MORENA EN TOLUCA DE INTIMIDAR A REGIDORA

Toluca, Edomex.- La confrontación política escaló luego de que integrantes de la oposición denunciaran una presunta campaña de intimidación contra la octava regidora, Shantall Zepeda Escobar, tras manifestar su respaldo a vecinos de la colonia Independencia que rechazan un proyecto de bodegas industriales en la zona.

De acuerdo con las acusaciones, el conflicto surgió a partir de la inconformidad vecinal por el cambio de uso de suelo de habitacional a comercial, situación que, aseguran, provocaría afectaciones urbanas como el incremento del tránsito de transporte de carga pesada y posibles daños a áreas verdes.

Durante la más reciente sesión de Cabildo, opositores señalaron que, por instrucciones del alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, se dio lectura al artículo 203 Bis del Código Penal del Estado de México, relacionado con el delito de obstrucción a la inversión y que contempla sanciones de prisión.

Regidores y actores políticos de oposición consideraron que esta acción representó un mensaje de presión hacia quienes han cuestionado el proyecto inmobiliario y las decisiones del ayuntamiento encabezado por Morena.

La excandidata a la presidencia municipal de Toluca, Melissa Vargas Camacho, criticó el manejo del caso y afirmó que el desarrollo comercial aún no ha sido revisado ni dictaminado en comisiones del Cabildo, pese a que ya existen anuncios colocados en el predio donde se pretende construir.

Por su parte, la dirigente estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, acusó al gobierno municipal de privilegiar intereses particulares por encima de las demandas de los habitantes de la colonia Independencia, quienes mantienen su rechazo al proyecto.

En medio de la polémica, Shantall Zepeda reiteró su respaldo a los vecinos inconformes y pidió que el tema sea revisado mediante mecanismos de diálogo y análisis institucional antes de avanzar con cualquier autorización relacionada con el desarrollo inmobiliario.

La oposición en Toluca exigió frenar cualquier acto de intimidación contra integrantes del Cabildo y garantizar condiciones de libertad para expresar posturas críticas sobre proyectos de alto impacto urbano en el municipio.